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El SISTEMA INTERAMERICANO EJE DE LA POLÍTICA INJERENCISTA YANQUI CONTRA CUBA EN LA REGIÓN
 

Introducción.

El presente trabajo intenta abordar uno de los más evidentes casos de ingerencia diplomática de los EE.UU. en la región como elemento principal en este campo contra nuestro país.

El documento no ofrece una cronología exhaustiva sobre cada reunión en que se abordaron temas relacionados con Cuba, pero se detiene en aquellas que identifican las tendencias principales que caracterizaron las discusiones relativas al asunto que nos ocupa a lo largo de 44 años.

Una primera etapa que se sitúa entre 1959 y 1964, puede definirse claramente como aquella en que la OEA sirvió a los EE.UU. de vehículo y plataforma para la imposición del aislamiento contra Cuba en el hemisferio y el respaldo a la intervención militar directa por parte.

La segunda etapa cubre la primera mitad de la década de los 70 durante la cual la OEA “certifica” y encubre el fracaso de la política de aislamiento político-diplomático de EE.UU. contra la Revolución Cubana.

Finalmente, nos detenemos a mediados de los 90 del pasado siglo para reseñar el “enfoque” de Gaviria, que no es otro que el estadounidense, y el “resurgimiento” de la siempre latente aceptación del retorno de Cuba a cambio de reformas en nuestro sistema social.

1.-La OEA como instrumento ingerencia de Estados Unidos de Norteamérica para imponer el aislamiento de la Revolución Cubana.

Desbordados por la influencia incontenible de la gesta cubana, cuya influencia no tardó en hacerse sentir en América Latina, motivando tanto a patriotas y exilados revolucionarios como a los pueblos de la región, Estados Unidos comienza a utilizar a la OEA como instrumento de su política para derrotar la Revolución en Cuba a escasos meses de su triunfo.

En el propio año 1959, Panamá, Nicaragua y República Dominicana denuncian a Cuba, acusándola de ingerencia en sus asuntos internos mediante el envío de expedicionarios para derrocar a sus respectivos Gobiernos.

En la denuncia trujillista, Cuba estuvo acompañada de Venezuela, país al que el sátrapa dominicano también acusaba de participar en la conspiración para derrocarlo.

Estos episodios, aunque no tuvieron los resultados deseados para los intereses yanquis, entre otras razones por la rápida y eficaz denuncia de nuestro país en la que destacan las memorables intervenciones del Canciller Roa en la OEA contra la intentona de Trujillo, marcaron, sin embargo, una pauta que se repetiría en lo adelante.

La denominada “cuestión” cubana ocupó, desde entonces, un lugar prioritario en la agenda de la OEA y, de conformidad con los intereses de Estados Unidos se comenzaron a sentar las bases para el aislamiento político-diplomático de Cuba y la activación del TIAR para intentar “legitimar” una agresión militar directa contra Cuba.

Es así que los Gobiernos de Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú, solicitan la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación que existía en el Caribe. Esta convocatoria se hizo de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Carta de la OEA. La V Reunión de Consulta se realizó en agosto de 1959 en Santiago de Chile y adoptó la que pasó en denominarse la Declaración de Santiago.

En aquella reunión si bien no se adopta ningún texto condenando explícitamente a Cuba se conforma el “marco conceptual” que serviría en reuniones posteriores a los propósitos de la política yanqui contra nuestro país. La Declaración de Santiago constituye, justamente, el ya mencionado referente conceptual. En ella se recogen preceptos tales como: la independencia de poderes como prerrequisito para el buen desenvolvimiento de un estado democrático; la celebración de elecciones libres y periódicas; la libertad de prensa; la proscripción política como práctica contraria al orden democrático así como el carácter inaceptable de la perpetuación en el poder.

La Resolución II adoptada en la V Reunión de Consulta hace un “llamado a los pueblos y Gobiernos de América a deponer toda actitud que pueda comprometer la paz y la seguridad y a observar estrictamente el principio de no intervención.”

Si tenemos en cuenta las denuncias de Panamá y de República Dominicana a las que ya hicimos referencia y en cuya sustentación, esos Gobiernos acusaban a Cuba de ingerencia en sus asuntos internos y que tal comportamiento constituía una amenaza contra la paz y la seguridad del hemisferio, se entiende que la Resolución II hace una velada advertencia a Cuba.

Por último, durante la V Reunión de Consulta se estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Paz recibió nuevas facultades. Ambas decisiones debemos registrarlas como la creación o perfeccionamiento de mecanismos hemisféricos que desempeñarían en lo adelante un rol fundamental para la aplicación de las directrices yanquis contra Cuba en el seno de la OEA.

En el caso de la CIDH, debemos tener en cuenta que se involucró rápidamente en la campaña contra la Revolución Cubana a raíz de los juicios y fusilamientos aplicados contra los esbirros de la tiranía batistiana, responsables de numerosos crímenes en Cuba. Por su parte, la Comisión Interamericana de Paz, fundada en la década de 1940, recibió en Santiago de Chile el mandato de darle estrecho seguimiento a la evolución de las “tensiones en el Caribe”. Los informes posteriores de esta Comisión y, muy en particular aquel que presentó en Punta del Este, sirvieron de base para materializar la exclusión de nuestro país del Sistema Interamericano. No obsta agregar que, para el momento de presentarse el referido informe, dicha Comisión estaba integrada en su totalidad por países que habían roto sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, lo cual fue impugnado por nuestro país.

La VII Reunión de Consulta se celebró en San José del 22 al 29 de agosto de 1960. Esta reunión, enfilada claramente contra Cuba, había sido solicitada formalmente por Perú y acordada por el Consejo Permanente en julio de ese propio año. De la agenda de aquella reunión, por ser los más relevantes para el tema que nos ocupa destacamos: el fortalecimiento de la solidaridad continental y del sistema interamericano, especialmente ante las amenazas de intervención extra-continental que puedan afectarlos; la cooperación interamericana para la defensa de las instituciones democráticas americanas contra las agresiones subversivas de cualquier organización, gobiernos o de sus agentes y la consideración de las tensiones internacionales existentes en la región del Caribe, para asegurar la armonía, la unidad y la paz de América.

Aquella reunión adopta varias resoluciones, pero por su pertinencia destaca la denominada Declaración de San José de cuyo texto citamos sus párrafos operativos 4 y 5.

El párrafo operativo 4 de la Declaración señalaba: “....el sistema interamericano es incompatible con toda forma de totalitarismo y que la democracia solo logrará la plenitud de sus objetivos en el Continente cuando todas las repúblicas americanas ajusten su conducta a los principios enunciados en la Declaración de Santiago de Chile.”

Por su parte, el párrafo 5 hace aún más patente la amenaza cuando proclama que “todos los Estados miembros de la Organización regional tienen la obligación de someterse a la disciplina del sistema interamericano, voluntaria y libremente convenida y que la más firme garantía de su independencia política proviene de la obediencia a las disposiciones de la Carta de la Organización de Estados Americanos.”

Aunque esta Reunión se concibió para analizar la “cuestión” cubana pues, tanto las razones que esgrimió Perú para convocarla como sus resultados no dejaban lugar a la duda, en San José no se adoptan las tan esperadas medidas “punitivas” contra Cuba. En su lugar, quedan establecidas las condiciones necesarias, conforme a los términos yanquis, para imponer la exclusión de Cuba en Punta del Este.

Al concluir la cita en Costa Rica, el Representante mexicano deja constancia por escrito de que para su delegación, el texto de esta Declaración no se aplica a Cuba con cuyo proceso, dice, simpatiza. Mientras, el delegado guatemalteco se queja, también por escrito, que la reunión haya fracasado en adoptar medidas directas contra Cuba como país responsable de la expansión del comunismo internacional en este hemisferio.

Aquella reunión fue escenario de una de las más memorables batallas diplomáticas libradas por Cuba, cuya delegación encabezó el Canciller Raúl Roa. Baste solo recordar que Cuba, no sólo impugnó la agenda del evento al revelar los propósitos anticubanos de la misma, sino que propuso sustituirla por otra que constituye, por sí sola, una denuncia cabal e incontestable de la verdadera situación que debía enfrentar la Organización en aquellos momentos. Es así que la propuesta cubana contrapone el fortalecimiento de la solidaridad de los pueblos de América Latina a la continuidad de las agresiones dirigidas contra ellos por los Gobiernos de Estados Unidos de América a lo largo de la historia; la defensa colectiva de los pueblos de América Latina frente a la agresión económica y militar del Gobierno de los Estados Unidos; propone considerar la subordinación de los gobiernos latinoamericanos a los dictados del Gobierno estadounidense y exige analizar la actitud de los gobiernos de América Latina ante los intentos de quebrantar la unidad de los pueblos latinoamericanos mediante la concesión temporal de mercados resultantes de actos de agresión realizados contra otros pueblos de nuestra comunidad como represalia a su resistencia a la imposición. Como es conocido, en el momento de anunciar la decisión de retirarse de la citada Reunión el Canciller Roa concluyó. “ Me voy con mi pueblo, y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos de nuestra América.”

En el año 1961 arreciaron las agresiones contra Cuba que culminan en la invasión mercenaria y su posterior derrota en Playa Girón. Como era de esperar, la OEA guardó silencio. Circuló entonces una solicitud de Guatemala de convocar una Reunión de Consulta Extraordinaria por la amenaza inminente que representaba una “invasión” de efectivos cubanos contra el país centroamericano desde la frontera con México que contaba, según la comunicación del representante guatemalteco ante la OEA, con el aval del ex Presidente Lázaro Cárdenas. Aquella maniobra que Cuba refutó con firmeza, no prosperó.

En diciembre del año 1961 el Consejo Permanente de la OEA decide convocar la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a solicitud de Colombia. Dicha convocatoria se hace de acuerdo con el artículo 6to y 11no del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) lo cual indicaba tanto la intención de considerar las amenazas que pudieran surgir de la intervención de potencias extra-continentales capaces de resquebrajar la unidad americana, como el propósito de adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz y seguridad regionales.

De esta forma la VIII Reunión de Consulta se realiza en Punta del Este del 22 al 31 de enero de 1962 para servir como Órgano de Consulta del TIAR.

Esta reunión de marcado corte anticomunista y durante la cual se excluye a Cuba del sistema interamericano, adopta un total de 9 resoluciones, de las cuales 4 se refieren expresamente a nuestro país, a saber:

1. Ofensiva del Comunismo en América. El numeral 1 de esta declaración al “comprobar una intensificación de la ofensiva de gobiernos comunistas” señala “la presencia de un gobierno marxista leninista en Cuba, que se identifica públicamente con la doctrina y la política exterior de las potencias comunistas.”

2. Resolución VI titulada “Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el sistema Interamericano.” A esta resolución nos referiremos más adelante.

3. Resolución VII titulada “Junta Americana de Defensa”. Luego de apuntar en el penúltimo párrafo del preámbulo que el 26 de abril de 1961 la junta había resuelto que la “participación del régimen cubano en la preparación de los planes para la defensa es altamente perjudicial a la labor de la Junta y a la seguridad del hemisferio”, decidió en su único párrafo resolutivo “Excluir inmediatamente al actual Gobierno de Cuba de la Junta Interamericana de Defensa hasta que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos determine por el voto de dos tercios de sus miembros que la participación del Gobierno de Cuba en dicha Junta no perjudica la labor de ésta ni la seguridad del Hemisferio.”

4. Resolución VIII titulada “Relaciones Económicas”. Al alegar “la intensa actividad subversiva en América a la que se dedican los países del bloque chino-soviético y el Gobierno cubano”, resuelve “suspender inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba.”

No es ocioso recordar que casi la totalidad del resto de las resoluciones aprobadas en aquella oportunidad, aún cuando no hicieron referencia expresa a nuestro país, fueron concebidas para lograr la más efectiva exclusión posible de Cuba del Sistema Interamericano y para garantizar que “otra Cuba” no sería tolerada.

Es así que el último párrafo de la Resolución II titulada “Comisión Especial de Consulta sobre seguridad contra la acción subversiva del comunismo internacional” encarecía a los Estados miembros a que “adopten las medidas que estimen convenientes a los efectos de su legítima defensa individual o colectiva, y cooperen, según sea necesario o conveniente, con el fin de fortalecer su capacidad de contrarrestar las amenazas o los actos de agresión, subversión u otros peligros para la paz y la seguridad que resulten de la intervención continuada en este Continente de las potencias chino-soviéticas...”

Por su parte, las Resoluciones III y IV tituladas “Reiteración de los principios de no intervención y de autodeterminación” y “Celebración de elecciones libres”, respectivamente, vuelven a reiterar los postulados de la Declaración de Santiago de Chile. La Resolución V se titula “Alianza para el Progreso”, iniciativa yanqui que intentaba, precisamente, frenar el empuje de la Revolución Cubana en nuestra región.

Como quiera que la exclusión de Cuba queda definitivamente establecida en la Resolución VI aprobada en Punta del Este, debemos abordarla en mayor detalle.

Algunas citas del mencionado documento resultan necesarias. El preámbulo de la resolución reproduce dos párrafos del Informe presentado por la Comisión Interamericana de Paz a la VIII Reunión de Consulta, de los cuales citamos el segundo que plantea: “Es evidente que las vinculaciones del Gobierno cubano con el bloque chino-soviético inhabilitan a dicho Gobierno para cumplir las obligaciones estipuladas en la Carta de la Organización y en el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca.” Seguidamente, se declara:

“Que el actual Gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados, se ha colocado voluntariamente fuera del Sistema Interamericano;”

Finalmente, resuelve en sus párrafos operativos 2 y 3 lo siguiente:

“Que el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un Gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano.”

“Que esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano.”

Aunque Estados Unidos consiguió alinear, finalmente, a una mayoría para la adopción de la resolución, debemos consignar que su consideración demostró la existencia de divergencias en el seno de la Organización. Este punto es esencial por cuanto constituye una característica inseparable del examen del denominado tema cubano en la OEA a lo largo de estos años. En ningún caso, puede hablarse de consenso pues casi todos sus párrafos, tanto del preámbulo como de su parte resolutiva, fueron sometidos a votación nominal. Veamos los resultados de las votaciones, a nuestro juicio, más significativos:

Los considerandos de la resolución obtuvieron 17 votos afirmativos, 1 en contra y 3 abstenciones. El voto en contra corresponde a Cuba y las 3 abstenciones a Ecuador, México y Brasil.

El primer párrafo declarativo mediante el cual se señalaba que “el actual Gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados, se ha colocado fuera del Sistema Interamericano”, obtuvo 20 votos a favor, incluyendo los de México, Ecuador y Brasil, con el voto en contra de Cuba. El segundo párrafo de esta sección de la resolución que declaraba que “esta situación requiere de la más continua vigilancia de parte de los países miembros de la Organización...” registró igual votación a la del párrafo precedente.

Finalmente, el tercer párrafo dispositivo que resuelve que “esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”, registró 14 votos a favor, uno en contra y las abstenciones de Argentina, México, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador. El último y 4to párrafo dispositivo que indicaba la adopción “sin demoras” de “las providencias necesarias para cumplir esta resolución”, obtuvo igual votación que el señalado anteriormente.

El conjunto de la resolución también fue votado y los resultados repitieron los alcanzados en las votaciones registradas en la parte resolutiva.

De esta forma la oposición al texto, sin contar el pleno rechazo de Cuba al mismo, quedó conformada por: Ecuador, México, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Entre estos, el núcleo más duro lo integraban los tres primeros. Junto a Cuba, totalizaban 7 votos, faltando solo uno para bloquear los dos tercios que necesitaban los partidarios de la exclusión. En realidad, Haití se había comprometido a no apoyar la exclusión y mantuvo esta posición en las primeras sesiones de la reunión. El haitiano, era el octavo voto. Sin embargo, Estados Unidos logró pasarlo a su grupo mediante burdas presiones, completando a duras penas los dos tercios necesarios para imponer la exclusión.

Algunos de estos países dejaron constancia de sus posiciones al concluir la reunión mediante declaraciones escritas presentadas antes de concluir las sesiones. Entre ellas destacamos:

México dejó constancia de que “la exclusión de un Estado Miembro no es jurídicamente posible sin la modificación previa de la Carta de la Organización de Estados Americanos conforme al procedimiento previsto en el Artículo 111 de la misma.”

Ecuador también dejó expresa constancia de que “la exclusión de un Estado Miembro del Sistema Interamericano solo podría hacerse mediante la previa reforma de la Carta...” Y agrega el Representante ecuatoriano, al explicar su abstención en relación con la Resolución VIII mediante la cual se suspende “inmediatamente el comercio y tráfico de armas e implementos de guerra de cualquier índole con Cuba” que su país se abstuvo durante la consideración de este texto por cuanto las “sanciones que empiezan por suspender el comercio de armas con la posibilidad de extenderse a otros artículos, en especial de importancia estratégica, concepto dentro del cual pueden estar los artículos de primera necesidad, de los cuales no se debe privar al pueblo cubano, agudizando su actual situación.”

En ningún caso, los países que objetaron la resolución lo expresaron rechazándola. Hubo, por el contrario, votaciones casi unánimes, con la única excepción de Cuba, en las dos ocasiones que ya señalamos y referidas a: dar un estrecho seguimiento a la evolución del tema, lo cual equivalía a su inclusión en la agenda de manera permanente y, que el “actual Gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados, se ha colocado voluntariamente fuera del sistema interamericano.”

Aún con matices, este grupo de países objetaban tanto la exclusión, dado que la Organización carecía de asideros jurídicos para hacerlo, como la adopción de sanciones contra Cuba. Todos mantenían aún relaciones diplomáticas con Cuba. Sin embargo, como se ha visto, hubo acuerdo general respecto de que Cuba se había colocado voluntariamente fuera del sistema como consecuencia directa de sus actos.

Como señala el investigador argentino Luis Dallanegra Pedraza en una publicación sobre el tema fue “México quien, paradójicamente, aportó las causales para permitir la "exclusión" de Cuba de la OEA. Esto consta en el discurso dicho por el jefe de la delegación, -Canciller Manuel Tello- que había sido preparado ex-profeso, con el propósito, por un lado, de dejar limpio de posibles cargos a México de inclinaciones pro-comunistas y, por el otro, para evitar que se impusieran sanciones a Cuba.”

De aquel discurso, reproducimos algunos párrafos que consideramos los más ilustrativos:

"(...) El 4 de diciembre de 1961 el representante de mi país en el Consejo de la OEA indicó que `no desconoce la Delegación de México que las declaraciones hechas por el primer Ministro de Cuba, Doctor Fidel Castro, casi en vísperas de esta Reunión, han introducido un elemento de carácter político en la consideración de este difícil problema...' Este nuevo elemento proviene del hecho de que, por primera vez en la historia de América, uno de nuestros gobiernos declara nítidamente asumir una ideología y un sistema político que es del todo extraño al que hasta ahora ha sido el denominador común de las instituciones propias de los pueblos del nuevo mundo. Por infieles que hayan sido, en más de una ocasión, algunos de nuestros gobiernos a los principios y normas de la democracia representativa, jamás había declarado ninguno de ellos sustentar una filosofía política distinta. Ahora bien, y como quiera que nuestra organización regional se funda en una comunidad de valores espirituales libremente abrazados y por igual compartidos, las aludidas declaraciones del primer Ministro de Cuba no pueden considerarse, por mucho que respetemos el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, simplemente como una cuestión ajena a la convivencia interamericana. Una cosa es el ejercicio de este derecho, que en sí mismo no tiene otra limitación que el derecho de los demás, y otra distinta la incidencia o repercusión que puede tener en la contextura, viabilidad y funcionamiento armónico de una organización internacional que no es indiferente a todas las filosofías o sistemas políticos, sean cuales fueren".

"Por último, y para no referirme sino a un instrumento internacional -suscripto por el actual Gobierno de Cuba, juntamente con las demás Repúblicas Americanas- la Declaración de Santiago de Chile, adoptada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, anunció algunos principios y atributos del sistema democrático en este Hemisferio que, por ser tan conocidos, considero innecesario reproducir aquí y que, en síntesis responden a las notas más distintivas del régimen democrático, entre ellas las elecciones libres, la supremacía judicial y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.

"Parece, pues, indudable que existe una incompatibilidad radical entre la pertenencia a la Organización de Estados Americanos y una profesión política marxista-leninista, como lo sería también con una profesión monárquica absoluta. Con la misma energía con que defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, del pueblo cubano por consiguiente, sostenemos que es inconciliable la calidad de miembro de nuestra Organización con la adopción del régimen de gobierno cuyas características no son las de las democracias representativas"

La postura expuesta por México es, en realidad, una elaboración conceptual que justifica la exclusión de Cuba de la que después se desmarca al abstenerse en la votación específica sobre éste tema. Lo que salva la postura mexicana respecto a Cuba no es su actuación en esta reunión, sino su negativa a romper con nuestro país.

Con el propósito de aislar completamente a Cuba y adoptar nuevas sanciones contra la Revolución Cubana es citada la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Esta reunión, convocada en virtud del artículo 6to del TIAR, tiene su antecedente en una solicitud formal que hace Venezuela mediante la cual se acusa a Cuba de interferir en sus asuntos internos.

La IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores tiene lugar en Washington en julio de 1964 y es esta la última reunión de la OEA durante la cual se adoptan sanciones directas contra Cuba. A continuación se reproducen algunas citas pertinentes de la resolución adoptada entonces:

El párrafo 3ro de la parte dispositiva resuelve “aplicar de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6to y 8vo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, las siguientes medidas:

a) Que los Gobiernos de los Estados Americanos no mantengan relaciones diplomáticas ni consulares con el Gobierno de Cuba.

b) Que los Gobiernos de los Estados Americanos interrumpan todo su intercambio comercial, directo o indirecto, con Cuba, con excepción de los alimentos, medicinas y equipo médico que por razones humanitarias puedan ser enviadas a Cuba.

c) Que los Gobiernos de los Estados Americanos interrumpan todo transporte marítimo entre sus países y Cuba, con excepción del transporte necesario por razones de índole humanitaria.”

Por su parte, el párrafo 4to de esta propia sección resuelve:

“Facultar al Consejo de la Organización de Estados Americanos para que mediante el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, deje sin efecto las medidas en la presente resolución, desde el momento en que el Gobierno de Cuba, haya cesado de constituir un peligro para la paz y la seguridad del continente.”

Veamos cómo se comportó la votación sobre la parte operativa del precitado texto, registrada el 25 de julio de 1964.

El párrafo operativo 1 mediante el cual se declara a Cuba culpable de agresión obtiene 15 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. México y Uruguay votaron en contra y se abstuvieron Chile y Bolivia.

Un total de 16 países respaldaron el segundo párrafo mediante el cual se condenaba a Cuba por atacar a Venezuela. México y Uruguay registraron su voto en contra del mismo, mientras que Bolivia se abstuvo.

En cuanto al tercer párrafo dispositivo la votación registrada sobre su inciso A) registró 14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. México, Uruguay, Chile y Bolivia votaron en contra y la abstención corresponde a Argentina. El inciso B) de este propio párrafo mediante el cual se ordenaba interrumpir todo intercambio comercial con Cuba obtuvo idéntica votación que el inciso precedente. Por su parte el inciso C) que disponía la interrupción de todo transporte marítimo con Cuba registró 14 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. México, Chile y Uruguay se opusieron a dicho texto, mientras que Bolivia y Argentina se abstuvieron.

Un total de 17 países apoyaron el párrafo operativo 4 de la resolución que establecía el procedimiento para el levantamiento de las sanciones. México y Argentina se abstuvieron.

Por último, el párrafo operativo número 5 mediante el cual se amenazaba con el uso de la fuerza contra Cuba para “prevenir sus continuas agresiones”, registró 15 votos a favor y las abstenciones de México, Chile, Bolivia y Uruguay.

El conjunto de la resolución obtuvo 15 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. México, Chile y Uruguay votan en contra y la abstención corresponde a Bolivia.

En ningún caso, Venezuela ejerció el voto por su condición de “querellante”.

Para mayor referencia, debemos apuntar que durante las discusiones que tuvieron lugar en aquella reunión, tanto México como Chile insistieron, infructuosamente, en que las sanciones no tuvieran un carácter obligatorio.

De esta forma, Estados Unidos extiende a nivel hemisférico el férreo bloqueo que ya venía aplicando contra Cuba. La OEA, una vez más, convalida la política yanqui hacia Cuba.

En cuanto a la orden de romper relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, vale recordar que esta decisión era solo aplicable a Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y México por cuanto, para ese momento, el resto de los Gobiernos latinoamericanos habían roto sus relaciones con Cuba. Esta circunstancia explica la posición asumida por esos países durante la votación.

Como es conocido, entre agosto y septiembre del propio año 1964, los países mencionados arriba, a excepción de México, rompen con Cuba.

Un temprano estudio elaborado por el entonces Departamento de Organismos Internacionales de nuestra Cancillería al cual se le había encargado analizar la posible aplicación de medidas coercitivas contra Cuba en virtud de lo dispuesto en TIAR, anticipaba el 15 de julio de 1960 el carácter ilegal de las mismas cuando apuntaba “no puede olvidarse que sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resultan inaplicables las medidas coercitivas de cualquier naturaleza que pudieran adoptarse” utilizando los mecanismos de la OEA. Aquel informe sustentaba su opinión –que consideramos preserva total validez y vigencia- en el articulado de la Carta de las Naciones Unidas y, concretamente, en sus artículos 53 y 103.

Es pertinente recordar brevemente lo establecido en los artículos de referencia. El artículo 53 instituye que “No se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad...”

Por su parte, el artículo 103 fija que “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.”

Aunque no es el propósito de este trabajo, debemos recordar que durante los años en que la OEA se constituyó en vehículo para la agresión de los Estados Unidos contra Cuba, nuestro país desarrolló una intensa labor diplomática en la ONU, incluido su Consejo de Seguridad.

Tres años después, durante la XII Reunión de Consulta celebrada también en Washington, entre julio y septiembre de 1967, se adoptó otra resolución mediante la cual se condena a Cuba por “sus reiterados actos de agresión e intervención contra Venezuela, por su persistente política de intervención en los asuntos internos de Bolivia y de otros Estados Americanos, mediante la incitación, el apoyo activo y confeso a bandas armadas y a otras actividades subversivas dirigidas contra los Gobiernos de dichos Estados.”

Aquella reunión no produjo medidas punitivas adicionales. Para entonces, ya las habían adoptado todas.

De esta forma, concluye el proceso que llevó a la exclusión total de Cuba del Sistema Interamericano y la aplicación en su contra del bloqueo a nivel hemisférico, proceso que, como hemos visto, se inicia en el propio año 1959 y que tiene como puntos culminantes las Reuniones de Consulta celebradas en Santiago de Chile, San José, Punta del Este y Washington.
 


2.- Exclusión, expulsión o suspensión?


El contenido de la Resolución VI adoptada en Punta del Este ha servido, durante años, de “fuente primaria” para la presentación de subterfugios jurídicos que pretenden sustentar y alimentar la “polémica” que persiste hasta hoy, según la cual esa decisión no exime al Estado cubano de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los compromisos asumidos en el contexto del Sistema Interamericano, por cuanto se excluyó al Gobierno y no al Estado.

Es esencial entender a cabalidad lo relativo a la “exclusión” o “expulsión” de Cuba para enfrentar adecuadamente las propuestas de “reingreso”, “retorno” o “reincorporación” de nuestro país a la OEA.

El instrumento para lograr el propósito enunciado arriba ha sido y continúa siendo la CIDH, creada durante la V Reunión de Consulta durante la cual se inicia el proceso de exclusión de Cuba y cuyo mandato se refuerza y amplía mediante la Resolución IX adoptada en la infame cita de San José.

En Nota del 4 de noviembre de 1964, en respuesta a una comunicación de la CIDH el Canciller Roa deja sentado lo que ha sido y es la posición de nuestro país: “Cuba fue arbitrariamente excluida de la OEA...Ni jurídica, ni factual, ni moralmente la OEA tiene jurisdicción ni competencia sobre un Estado al que se ha privado ilegalmente de sus derechos.”

El 6 de abril de 1965 el entonces Presidente de la CIDH le responde a Roa “la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores excluyó al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano. Como Vuestra Excelencia podrá observar, la medida de exclusión fue dirigida al actual Gobierno de Cuba y no al Estado.”

Esta interpretación intenta encubrir, además, el carácter ilegal de todas las resoluciones aprobadas contra Cuba, aunque muy particularmente de aquella que la excluye, aún vigente.

Sobre el particular, las reservas planteadas por México y Ecuador al concluir el examen de este asunto en Punta del Este son harto elocuentes en tanto indicaron muy claramente que al no existir un mecanismo para excluir o expulsar a un Estado, no podía recurrirse a tal medida a menos que se enmendara la Carta. Como ello nunca ocurrió la decisión es, por tanto, ilegal.

Aunque se ha intentado explicar que el uso de la palabra “exclusión” en la Resolución de Punta del Este, obedece a la imposibilidad de aplicar la “expulsión” pues no existía el mecanismo indicado en la Carta para hacerlo, tal interpretación no esconde que la verdadera intención era, precisamente, expulsar a Cuba lo cual consiguieron, en definitiva, excluyéndola.

De manera intermitente, a lo largo de todos estos años, el tema “resurge” o se “replantea”, aunque la esencia principal de los postulados sigue siendo la misma. A ello ha dado pie la elaboración por parte de la CIDH de siete (7) informes especiales sobre Cuba en los años 1962, 1963, 1967, 1970, 1977, 1979 y 1983. Durante la década 1970-1980 la Asamblea General consideró en tres oportunidades los referidos Informes. En todos los casos se produjeron debates sobre el tema que nos ocupa y las discusiones efectuadas reflejaron serias divergencias de opinión.

Es así que en 1980, durante la X Sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA y mientras se discutía el informe que sobre Cuba presentó la CIDH en esa oportunidad, el representante de la Comisión intentó justificar la “competencia” de la misma sobre Cuba al expresar: “Cuba sigue siendo miembro de la OEA dado que en ningún momento ha puesto en marcha los mecanismos de denuncia de la Carta. El Gobierno cubano no ha dado ninguna muestra de su deseo de retirarse de la Organización.”

En aquella propia sesión, el representante mexicano replicó lúcidamente: “Cuando se expulsó a Cuba de la Organización, ilegalmente en opinión de mi Gobierno, puesto que la Carta no habla de eso, dejó de ser un Estado Miembro. La pretendida distinción entre Estado y Gobierno que se alegó entonces, ha dejado, desde hace mucho tiempo, de tener valor alguno si es que lo poseyó en su origen (...) La circunstancia puramente procesal de la falta de una denuncia formal de la Carta y demás instrumentos que de ella emanan es, a nuestro parecer, insuficiente por cuanto nadie ha reglamentado el procedimiento atinente a expulsiones.”

En fecha muy reciente, abril del 2003, se reabre la discusión ante la fuerte resistencia de un grupo de países, esta vez mayoritario, a considerar una condena contra Cuba promovida por los Estados Unidos. Los países que objetaron la maniobra, argumentaron que el Consejo Permanente de la OEA no tenía competencia alguna sobre Cuba pues la Isla permanecía excluida del Sistema Interamericano.

La Ayuda Memoria del 25 de abril del 2003, elaborada por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos a solicitud del Consejo Permanente y titulado “La situación de Cuba en la OEA y la Protección de los Derechos Humanos” intenta justificar la competencia de la CIDH sobre Cuba por “la acción que ha venido desarrollando” dicha Comisión con relación al Gobierno de Cuba. El documento en cuestión plantea que la “Comisión ha mantenido el ejercicio de sus competencias en relación al cumplimiento de los derechos humanos en Cuba a través de la elaboración de informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en ese país, o bien mediante sus informes anuales que, como se sabe, contienen observaciones y recomendaciones sobre todos o la mayoría de los Estados Miembros de la OEA.”

Y agrega:

“Desde un punto de vista jurídico, la CIDH se ha basado para continuar ocupándose de la situación de los derechos humanos en Cuba en el hecho de que este país no ha denunciado ni tampoco ha dado los pasos necesarios para denunciar la Carta de la OEA y, en consecuencia, el Estado cubano continúa obligado a respetar los principios contenidos en ella (...)” Finalmente concluye: “...queda claro que Cuba es un Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos en virtud de la firma y ratificación de la Carta Constitutiva de la OEA (...) Por lo tanto, Cuba es un Estado que está obligado por cada una de las disposiciones de la Carta, incluyendo aquellas relativas a la protección de los derechos humanos.”

Este documento, cuya intención principal era “legitimar” la competencia del Consejo Permanente, órgano en el que Estados Unidos esperaba imponer la fallida condena a Cuba, afirma que el Estado cubano es miembro de la OEA, pero elude responder la pregunta principal, a saber: la ilegalidad de la exclusión de Cuba.

En la sesión del 23 de abril de este año durante la cual el Consejo Permanente de la OEA debatió la competencia de ese órgano para considerar la “cuestión” cubana, el delegado colombiano puso el dedo en la llaga cuando expresó: “Lo que no entiendo es, como la dicotomía que se hace entre la exclusión del Gobierno y la jurisdicción de la OEA sobre el Estado cubano, porque (...) con una filosofía de Perogrullo cualquiera pudiera decir: bueno que no venga el Gobierno cubano sino que venga el Estado cubano a participar de las deliberaciones de la OEA. No se qué podría pasar en un país como Colombia en donde el Presidente de la República es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.”OEAOEA

La supuesta dicotomía entre Estado y Gobierno que se alimenta y reitera en la mencionada Ayuda Memoria, ha perseguido un fin claramente identificado: mantener el denominado tema cubano inscrito en la agenda de la OEA de conformidad con los intereses de la política estadounidense hacia Cuba, evitando el referido al “reingreso” para lo cual deben declarar primero el carácter ilegal de la “exclusión”.

En otras palabras, le exigen “deberes” al país que privaron de sus derechos. Tal interpretación ha servido también para justificar la exclusión, darle visos de legalidad a la misma y, sobre todo, para mantener la vigencia del postulado principal de la VI Resolución de Punta del Este: la “incompatibilidad” del Gobierno cubano –léase sistema político, económico y social- con el Sistema Interamericano.

De esta forma, se intenta exonerar a la OEA al transferir a Cuba la responsabilidad por el actual estado de cosas. La intención evidente es mantener la “bola” de nuestro lado, insistiendo en que, en su momento, Cuba se auto excluyó o fue excluida como resultado de sus reiterados actos y, si ésta situación persiste, corresponde a Cuba solucionarla, introduciendo los cambios que correspondan en su ordenamiento interno para hacerlo “compatible” con el Sistema Interamericano.

Como apuntó el compañero José Peraza, entonces Director Jurídico, en un memo interno de nuestro Ministerio del 10 de junio de 1998, “no se trata entonces del retorno de Cuba, pues no puede retornarse a un lugar del cual no se ha marchado, sino de sustituir, declarar sin valor o revocar la ilegal resolución por la que se “suspendió” al Gobierno de la República de Cuba (...) El problema no es Cuba, sino la Organización y los demás Estados Miembros que deben revocar la ilegal decisión...”

Por último, las discusiones sobre el reingreso de Cuba omiten, soslayan o evitan, generalmente, el elemento fundamental: la permanencia del bloqueo y la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba, cuya expresión en el plano político diplomático a nivel hemisférico fue la exclusión practicada por la OEA.



3.-Fracaso del aislamiento: su certificación y encubrimiento por parte de la OEA.


A inicios de la década del setenta comienza el resquebrajamiento del aislamiento político diplomático impuesto por Estados Unidos y convalidado por la OEA. Varios países de la región deciden desacatar dicha imposición y restablecen, de manera unilateral, sus relaciones diplomáticas con Cuba.

A ello habría que agregar que, en la arena internacional, decrecían las tensiones entre las grandes potencias. Los acercamientos y contactos de entonces entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China, así lo indicaban.

La nueva situación impactó a la OEA. A partir de 1970 el Gobierno peruano había expresado su voluntad de iniciar acciones dirigidas a invalidar la prohibición de sostener relaciones diplomáticas con Cuba.

Un comunicado de la Presidencia del Gobierno peruano anunció, públicamente, las intenciones de Perú a inicios de 1972 y el 24 de mayo de aquel año la representación de ese país ante la OEA solicitó formalmente la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente.

La sesión del Consejo tuvo lugar el 31 de mayo y luego de iniciada la discusión sobre la regularización de las relaciones de América Latina con Cuba, introducido por Perú, se produjo una votación para incluirlo en la agenda. Sus resultados: 14 a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.

A favor votaron Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador. Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Bolivia se manifestó en contra, mientras que Brasil, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Estados Unidos se abstuvieron.

Los debates identificaron dos tendencias claramente establecidas. La primera, representada por Perú y Chile sugería “saltar” las resoluciones precedentes adoptadas por la OEA contra Cuba teniendo en cuenta que la coyuntura internacional había variado.

Debe señalarse que el proyecto original peruano eludía la reconsideración de las sanciones consignadas en las resoluciones adoptadas en 1962 y 1964, proponiendo, en su lugar, dejar en libertad a cada país para que restablezca las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba.

El único párrafo resolutivo de la resolución propuesta por Perú planteaba. “Los Estados Miembros que así lo consideren, normalizarán sus relaciones con la República de Cuba, quedando en libertad de hacerlo en el nivel que estimen pertinente.

La otra tendencia, liderada por Estados Unidos e integrada, entre otros, por Brasil y Guatemala, hizo una defensa a ultranza de las normas y procedimientos establecidos por la OEA para la consideración de este caso, como vía para hacer fracasar el proyecto peruano. En esencia, la representación estadounidense recordó las obligaciones contraídas en virtud del TIAR y la resolución de 1964, cuyo texto establecía la necesidad de actuar de “común acuerdo” respecto a Cuba. En consecuencia, EE.UU. abogó por respetar los compromisos asumidos respecto a Cuba alegando que el aludido relajamiento de la situación internacional no había hecho variar el “intervencionismo” de Cuba en América Latina.

Finalmente, la propuesta peruana es desechada por 13 votos en contra. Votaron a favor de la misma 7 países y otros 3 se abstuvieron. Junto a Perú votaron: Chile, Ecuador, Panamá, México, Jamaica y Trinidad y Tobago. Argentina, Venezuela y Barbados se abstuvieron y, junto a Estados Unidos, votaron en contra de la resolución: Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

La derrota del proyecto peruano en la OEA, no impidió ni retardó el proceso de reestablecimiento de relaciones de América Latina y el Caribe con Cuba. En el propio mes de julio de 1972, Perú reestablece sus relaciones diplomáticas con Cuba. El 8 de diciembre Barbados, Guyana , Jamaica y Trinidad y Tobago, deciden soberanamente establecer relaciones diplomáticas con Cuba. En mayo de 1973 lo hace Argentina. Posteriormente, Panamá también desacata la prohibición. Chile ya lo había hecho con el triunfo de Salvador Allende en 1970.

Esta tendencia, ya irreversible, fue motivo de preocupación. El 27 de junio de 1974 se reúnen los Cancilleres de Venezuela y Costa Rica. En aquella cita, el venezolano le había adelantado al costarricense que reestablecerían las relaciones diplomáticas con Cuba, pero que desearían proceder de común acuerdo con otros gobiernos amigos. El Canciller de Costa Rica le respondió por escrito a su colega venezolano el 18 de julio de aquel año. En su misiva, Facio, al sustentar la negativa tica a acompañar el procedimiento venezolano, señaló que la razón de la misma “se basa en el afán de no contribuir a aumentar el descrédito que ya sufre el Pacto de Río. (....) El hecho de que seis países miembros de la OEA mantengan relaciones con Cuba pese a lo dispuesto en aplicación del TIAR por la resolución I de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es suficientemente grave como para poner en duda la autoridad del Pacto de Río. Si ahora 3 o 4 ilustrados gobiernos americanos más decidieran reanudar sus relaciones con el Gobierno cubano estando aún vigente la citada Resolución I, el desprestigio sería total.” Y, finalmente, concluye: “En razón de lo expuesto, hemos pensado que es indispensable realizar un último esfuerzo”, asegurando que se podrían reunir los dos tercios necesarios para que la OEA certificara si el Gobierno de Cuba “había cesado de constituir un peligro para la paz y la seguridad” continentales.

Aunque la evaluación que hace Facio retrata, casi con exactitud, la posición de total desprestigio en que colocaba a la OEA la nueva situación, queda claro que el propósito de la maniobra por él iniciada se encaminaba a reabrir el “juicio” contra Cuba para obstaculizar o, en su defecto, “reglamentar” lo que, en definitiva, estaba ocurriendo por fuera de la Organización interamericana: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.

La intención de la propuesta costarricense motivó la indignación de aquellos que habían restablecido sus relaciones con Cuba o estaban en vías de hacerlo, en tanto equivalía a “solicitar la autorización” de la OEA para hacer lo que ellos ya habían decidido en ejercicio de sus derechos soberanos.

De cualquier forma, en noviembre de 1974 tiene lugar la XIV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Quito, convocada por Colombia, Costa Rica y Venezuela con el propósito de revocar las sanciones impuestas a Cuba por la IX Reunión de Consulta y dejar en libertad a los miembros de la OEA para que restablezcan las relaciones diplomáticas con Cuba.

Como antecedente necesario, debemos señalar que ya la III Asamblea General de la OEA había reconocido expresamente el “pluralismo político” como uno de los principios fundamentales de las relaciones entre sus miembros. Esta decisión sugería que la OEA comenzaba a distanciarse de la senda que había regido su actuación hasta ese momento, creando un espacio más favorable para debatir el levantamiento parcial de las sanciones contra Cuba.

En Quito, no se lograron los dos tercios necesarios para revocar las sanciones de 1964.

En mayo de 1975 tuvo lugar en Washington la V Asamblea General ordinaria de la OEA durante la cual se presentó el Informe de la Comisión Especial para estudiar el Sistema Interamericano y proponer medidas para su reestructuración (CEESI). El Informe en cuestión proponía la aprobación de un nuevo texto para el artículo 17 del TIAR, considerado como el mayor obstáculo para erradicar las sanciones contra Cuba. El nuevo texto señalaba que se requeriría el voto de una mayoría absoluta y no de dos tercios (como planteaba la versión original del referido artículo) para dejar sin efecto cualquier medida coercitiva.

En correspondencia con lo indicado arriba, la Asamblea General aprobó una resolución, la cual, luego de reafirmar el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA como norma fundamental del Sistema Interamericano establece: “una vez que se apruebe el Protocolo de Reformas al TIAR en base a las recomendaciones de la CEESI, se resuelva dejar sin efecto las disposiciones pertinentes de las resoluciones adoptadas para aplicar las medidas contempladas en el artículo 8 del TIAR (...)”

La Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del TIAR que tuvo lugar en julio de 1975 en San José enmienda el mencionado Tratado de la siguiente forma:

“El Órgano de Consulta, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo, adoptará todas sus decisiones o recomendaciones, por el voto de los dos tercios de los Estados Partes.”

“Para dejar sin efecto las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 8, se requerirá el voto de la mayoría de dichos Estados.”

También en julio de 1975 y tras concluir la Conferencia de Plenipotenciarios se desarrolló, en la propia capital costarricense, la XVI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la que resolvió:

“Reafirmar solemnemente el principio de no intervención e instar a los Estados Partes a que velen por su observancia en el ámbito continental..”

“Dejar en libertad a los Estados Partes del TIAR para que de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno; normalicen o conduzcan sus relaciones con la República de Cuba al nivel y la forma que cada Estado estimare conveniente.”

Aún cuando la decisión adoptada dejó sin efecto sólo una de las medidas coercitivas adoptadas contra Cuba durante la IX Reunión de Consulta de 1964, este resultado constituyó una suerte de “certificación” de la derrota yanqui, consecuencia directa del proceso de reestablecimiento de los vínculos político-diplomáticos que se venían desarrollando al margen de la Organización.

Sin subestimar el impacto que tuvo dicha decisión, debemos consignar, sin embargo, que el efecto real de la “liberación” fue limitado. Como ya hemos dicho, varios países habían decidido “liberarse” por su propia cuenta, independientemente de lo que decidiera la OEA sobre este asunto. De hecho, la primera gran oleada de establecimiento o restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba se produce antes del mes de julio de 1975.

Adicionalmente, este resultado facilitó una aceptación “digna” por parte de Estados Unidos de la derrota de su política contra Cuba por cuanto la OEA había dejado sin efecto la prohibición. Esta vez, la OEA sirvió para enmascarar o encubrir la derrota yanqui.

Debemos señalar que durante el proceso que se desarrolló en la OEA a mediados de los 70, hubo mucho debate, aireado profusamente por la prensa, sobre las iniciativas que se encaminaron entonces tanto a la suspensión de las sanciones como al reingreso o reincorporación de Cuba a la Organización interamericana. Múltiples pronunciamientos de nuestro Comandante en Jefe fijaron públicamente la postura de Cuba sobre el particular. El 1ro de mayo de 1973 Fidel abordó con amplitud el tema al señalar: “Estas iniciativas tenían un objetivo positivo, y constituían un desacato a la influencia de Estados Unidos en la OEA, constituían un gesto de rebeldía frente a las imposiciones de Estados Unidos, sosteniendo entre otras cosas, que cualquier país latinoamericano tenía derecho a establecer relaciones con Cuba, independientemente de la OEA. (...) Nosotros agradecemos a los diversos países que con un espíritu positivo proclamaron el derecho de Cuba a pertenecer a la organización regional. Pero es que nosotros a esa actual organización, a la OEA, no podemos ni debemos regresar jamás.” Y agrega: “Hay que ver si un país revolucionario como Cuba, después de toda su larga experiencia histórica, puede considerar que tal institución sea digna de que se pertenezca a ella.” En otra parte de aquella intervención Fidel concluye: “Y hoy, este Primero de Mayo, nosotros decimos que la OEA es incompatible con el marxismo-leninismo. Es incompatible con la dignidad de nuestros pueblos, es incompatible con los intereses de nuestros pueblos, es incompatible con el futuro de América Latina.”

El Jefe de Estado cubano contrapuso a la OEA una organización de integración latinoamericana y caribeña que definió: “Nosotros estamos dispuestos a pertenecer a una organización regional que, en primer lugar, no tenga su sede en Washington, sino en una capital latinoamericana. Una organización regional que defienda los intereses de los pueblos latinoamericanos y de habla inglesa del Caribe frente a las agresiones imperialistas, es decir: frente a las agresiones de Estados Unidos, y una organización regional que luche por la unión de nuestros pueblos. Y dentro de esa organización regional no tienen por qué estar los Estados Unidos de Norteamérica.”



4.-El dictamen del Comité Jurídico Interamericano sobre la Ley Helms-Burton.


La aprobación de la Ley Helms-Burton genera, rápidamente, una ola de rechazo mundial. En nuestra región, la legislación es rechazada por el CARICOM y el Grupo de Río, entre otros. Varios países, inician el proceso de adopción de las denominadas leyes antídotos.

El 4 de junio de 1996, durante la XXVI Asamblea General de la OEA se presenta a consideración de la máxima instancia de la Organización el proyecto de resolución titulado “Libertad de Comercio e Inversión en el Hemisferio”, el cual contaba con el patrocinio de 32 países. El texto de la resolución solicitaba la opinión consultiva del Comité Jurídico Interamericano sobre los efectos de la referida Ley.

La resolución se aprobó por votación de 23 a favor y contó con la abstención de Estados Unidos. Un total de 9 países patrocinadores no participaron en la votación.

El 23 de agosto del propio año 1996, el Comité Jurídico Interamericano emitió en dictamen mediante el cual concluía que “los fundamentos y eventual aplicación de la legislación (...) no guardan conformidad con el derecho internacional.” Y agregaba: “(...) ningún Estado puede tomar medidas no conformes al derecho internacional sin incurrir en responsabilidad.”

Posteriormente, la XXVII sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima en 1997, aprobó el dictamen del Comité Jurídico Interamericano mediante resolución de igual título a la aprobada en Panamá. Desde entonces, en cada nueva sesión de la máxima instancia de la OEA, se aprueba una resolución sobre la libertad de comercio e inversión. Aunque estos textos mantienen la naturaleza procesal del original, dejamos constancia de su existencia en tanto constituyen un desafío a la política de Estados Unidos.

Por su parte, Estados Unidos rechazó la capacidad del CJI para considerar alegando que no es función de dicha instancia evaluar el derecho de cada Estado Miembro a emitir leyes que juzgue de su beneficio y de salvaguarda de sus intereses nacionales.

Más allá de sus limitaciones, la opinión consultiva emitida por el CJI, aunque no es vinculante, tiene el valor moral de representar una evaluación jurídica de la legislación yanqui, la cual califica sin ambages de ilegal en virtud de las normas del derecho internacional y de la propia carta de la OEA. Adicionalmente, tanto el contenido del documento en cuestión como los resultados de la votación registrada en Panamá, constituyeron actos de insubordinación regional frente a la política de Estados Unidos. Tratándose de un texto de la OEA, su importancia relativa aumenta.

Por último, debemos recordar que nuestra Cancillería desplegó un intenso trabajo de influencia en casi todas las capitales de la región con el propósito de garantizar que la opinión a emitir por el Comité Jurídico Interamericano reflejara el sentir del conjunto de nuestra región para que, en definitiva, el documento que resultara, formara parte del esfuerzo de quienes propugnaban el fin de dicho engendro.

Evolución más reciente del reingreso, reincorporación o readmisión de Cuba a la OEA.
En el acápite anterior, consideramos el proceso que concluye en 1975 con el “desmonte” parcial de las sanciones impuestas contra Cuba en 1962 y 1964.

A finales de la década de 1980, algunos pronunciamientos realizados en el contexto de las Cumbres del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política o Grupo de Río, sirvieron para que el tema del reingreso de Cuba a la Organización hemisférica volviera a ocupar cierta relevancia en la agenda del hemisferio.

Durante la primera Cumbre del referido Mecanismo celebrada en Acapulco en noviembre de 1987, los Jefes de Estado de Brasil, México, Argentina, Perú y Uruguay hicieron declaraciones públicas subrayando la conveniencia de la integración de Cuba a la OEA. En carta dirigida a los Jefes de Estados participantes en la mencionada Cumbre de 7 de diciembre de 1987, el Comandante en Jefe alude expresamente a aquel llamado al expresar: “Esas manifestaciones, en sí mismas, muestran los cambios ocurridos en el Continente desde el infausto día en que Cuba fue separada de la Organización de Estados Americanos. Consideramos conveniente subrayar que Cuba ha mostrado su invariable fidelidad a los principios de unidad e integración latinoamericana y caribeña que la Revolución Cubana, inspirada en José Martí, ha tenido como divisa permanente.”

Aquí, el Jefe de la Revolución Cubana, constató el cambio registrado en la región, pero subrayó la fidelidad de Cuba a la integración latinoamericana. Es decir, se reconoce el llamado como una manifestación de independencia regional frente a Estados Unidos, pero el reingreso de Cuba queda hábilmente desechado al indicarse con claridad lo que constituye el asunto prioritario para Cuba: la integración regional.

En 1989 tuvo lugar en Ica, Perú, la III Cumbre del Grupo de Río. Los Gobernantes latinoamericanos asistentes, por primera vez, incorporaron al cuerpo de la Declaración adoptada a nivel de Presidentes, el siguiente párrafo: “Aspiramos a que la OEA tenga una total representatividad hemisférica y, por tanto, una mayor relevancia política. Hacemos un cordial llamado para que en su oportunidad los Gobiernos de Belice, Canadá, Cuba y Guyana se incorporen plenamente a los trabajos de la OEA.”

La tímida y casi neutral aspiración del Grupo de Río generó algunas expectativas y mereció una decidida acción de Estados Unidos encaminada a obstaculizar cualquier reapertura del debate sobre el reingreso de Cuba a la OEA en términos distintos a los estadounidenses. Una nota de prensa del Departamento de Estado condicionó la readmisión de Cuba a la Organización hemisférica a la celebración de elecciones libres, mejoría en la situación de los derechos humanos, la aplicación de la glasnost y la perestroika en la Isla, así como al abandono del intervencionismo de Cuba en Centroamérica. La maniobra yanqui fue efectiva y logró evitar que se analizara el “caso” en la Asamblea General de 1989.

La caída del socialismo europeo y la posterior desintegración de la URSS coloca a Cuba en una situación de doble bloqueo. A ello debe añadirse el notable incremento de las tensiones con los Estados Unidos en 1994 a raíz de la crisis de los balseros en el verano de aquel año.

Es, precisamente, en medio de aquella coyuntura internacional, caracterizada por la euforia triunfalista de Estados Unidos y sus aliados, durante la cual se consideró inevitable la caída de la Revolución Cubana, que el tema del reingreso de nuestro país adquiere un nuevo impulso, esta vez, sujeto a condicionamientos injerencistas.

latinoamericanos y caribeños, así como a su plena reincorporación a la convivencia hemisférica.”

De esta forma, la revocación de la exclusión queda subordinada a la aceptación por parte de Cuba de las condiciones impuestas. Ni siquiera la denominada “reincorporación” es el asunto central. Este documento, reflejo de una suerte de “fundamentalismo” capitalista que no tolera el pluralismo en las relaciones internacionales, sitúa la discusión en los términos deseados por Estados Unidos.

El enfoque de Gaviria, al llegar a la Secretaría General de la OEA propone “reabrir” el “caso cubano” y su “instalación” permanente en la agenda de la organización, no para reparar la injusticia histórica que representó nuestra exclusión, sino con el propósito de contribuir mediante la supuesta “democratización” de Cuba, mantener vigente los planes ingerencistas yanquis en el plano diplomático regional, usando estos mecanismos regionales o internacionales para un nuevo proyecto de aislamiento de nuestro país . La Organización interamericana se reservaba el papel de “coordinador” del proceso, basada en una estructura diseñada por EE.UU. que impide la elección de sistemas políticos y económicos en el continente.

Cuba debía someterse a las condiciones expuestas a cambio de su “reinserción” en el Sistema Interamericano, después de todo - parece sugerir el Secretario General-, el fracaso del comunismo en Europa hacía inevitable tal desenlace. La causa esencial de la situación que se pretendía analizar: el bloqueo y la política de Estados Unidos en contra de Cuba, se aborda de manera indirecta, pero es apartada rápidamente para no distraer la atención sobre el punto central de este enfoque: Cuba es el problema a resolver.

Como ya señalamos en otro acápite de este trabajo, durante las Asambleas de Panamá primero y Lima después, realizadas en 1996 y 1997, respectivamente, Cuba estuvo muy presente en sus deliberaciones, aunque no tanto en relación a su reingreso a la OEA como por la protesta que generó la adopción de la Ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos.

Como parte de la campaña mas reciente de Estados Unidos contra Cuba, está el esfuerzo que han realizado infructuosamente por lograr una condena anticubana en el Consejo Permanente de la OEA entre abril y mayo del 2003. Durante este periodo se circularon tres documentos condenatorios. El primero correspondió a una resolución nicaragüense patrocinada por Estados Unidos, Uruguay y Costa Rica. La fuerte resistencia que encontró ese proyecto entre una mayoría de los países miembros, obligó a Nicaragua a presentar un texto de Declaración del Presidente del Consejo, la cual tampoco prosperó, ante las reticencias del propio Embajador guyanés que presidía el órgano en ese momento.

Finalmente, Canadá, Chile y Uruguay ponen a la consideración del Consejo un proyecto de declaración, que cumplía el propósito de la propuesta original y recogía los puntos que a continuación relacionamos: preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en Cuba durante marzo y abril; reiteración de las obligaciones vigentes para el Gobierno de Cuba de respetar y garantizar los derechos emanados de la Carta de la OEA; solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe examinando la situación de los derechos humanos en Cuba y promoción de un diálogo amplio y constructivo con Cuba para contribuir a su integración a un hemisferio democrático. Es, precisamente esta propuesta la que se pone a consideración del Consejo el 19 de mayo del 2003.

Como puede apreciarse, el proyecto pretendió reafirmar la supuesta competencia de la CIDH sobre Cuba.

Ante la falta evidente de un consenso y del apoyo necesario para aprobar el texto mediante votación, los Estados Unidos optaron por una variante que les permitiera exhibir algún resultado en los términos favorables a su política, al tiempo que mantenían el tema en la agenda de esa Organización y les facilitaba continuar ejerciendo las presiones necesarias sobre los países que no aceptaron ser incluidos en la lista. En una maniobra preconcebida, el representante canadiense anunció que transformaría el texto original propuesto por su delegación en una declaración al Consejo Permanente firmada por algunos de sus miembros, apresurándose a denominarlos como “Estados Miembros Asociados”. El procedimiento utilizado fue cuestionado rápidamente por Barbados, Brasil y Venezuela.

El procedimiento aplicado por Estados Unidos, para “registrar” la condena que nunca tuvo lugar en la OEA, por sus similitudes, recuerda al utilizado en la conformación de la llamada “coalición” antes de la invasión a Iraq. El fiasco sufrido por ese país, puede señalarse como el resultado más obvio de esta sesión del Consejo.

5.-Apuntes necesarios
Como ya vimos, la consagración por parte de la III Asamblea General de la OEA, celebrada en 1973, del pluralismo en las relaciones internacionales, abría, aparentemente, una nueva etapa en la actuación de la OEA. La derogación parcial de las sanciones impuestas a Cuba a mediados de la década de 1970, proceso que venía imponiéndose independientemente de la Organización, parecía confirmarlo.

Sin embargo, coincidiendo con la instauración del mundo unipolar a inicios de los años 90, los EE.UU logran que la OEA adopte una serie de instrumentos que derogan de manera efectiva el pluralismo en las relaciones internacionales, sustituyéndolo por un “compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región”. La “novedad” significaba, en realidad, un regreso a las más retrógradas concepciones reflejadas en numerosos instrumentos y declaraciones que, en su momento, habían sido aplicados contra Cuba. Es decir, aunque tales concepciones se ven reforzadas y actualizadas por cuanto se establecen procedimientos concretos para impedir una “ruptura del ordenamiento democrático”, se “reinstala” nuevamente en la OEA la vieja intolerancia de sus orígenes, controlada totalmente por el imperio.

No pretendemos sugerir que esta serie de documentos fueron diseñados expresamente contra Cuba, país que, para el momento de su adopción, llevaba ya varias décadas excluido del Sistema Interamericano. Sin embargo, una conclusión casi obvia a la que podemos arribar es que serían “aplicados”, como parte del “acervo” a utilizar en el escenario de “diálogo amplio y constructivo” al que se nos pretende atraer.

La política contra Cuba, le ha permitido a los EE.UU. no sólo una permanente presión sobre los países de la región, sino generalizar esta ingerencia y control de las políticas de los Estados, con la instrumentación de una serie de instrumentos de preservación de un sistema político. Oportunistamente usaron la etapa de las dictaduras latinoamericanas, que ellos promovieron y respaldaron, para crear un sistema de permanente ingerencia en los países de la región.

.La Resolución 1080 adoptada por la Asamblea General, en junio de 1991, luego de indicar que “subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y económicos que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos” resolvió “encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos (...) Esta resolución adoptó un procedimiento para reaccionar ante la “ruptura del orden democrático” al solicitar al Secretario General que convoque de manera inmediata una reunión del “Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización (...)

El 14 de diciembre de 1992, en el XVI período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se adopta el “Protocolo de Washington” que incorpora algunas enmiendas al texto de la Carta de la OEA. Entre estas, destacamos el nuevo Artículo 9 que establece: “Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación(...)” en el Sistema Interamericano. Posteriormente, ese propio artículo regula el procedimiento a aplicar para la suspensión de un Estado Miembro al resolver que esa medida se aplicará cuando hayan fracasado las gestiones que se emprendan con el objeto de lograr el “restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado”. Finalmente, se establece el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros tanto para la aplicación de la sanción como para su revocación. Recordemos que el caso de Venezuela no se aplicó al igual que más recientemente en Haiti.

La ilegal exclusión y política de ingerencia diplomática contra Cuba, usando como una de las vías la OEA, son pruebas fehacientes de cómo EE.UU, viola en el terreno diplomático todo lo establecido en las convenciones y cartas de los organismos internacionales, en su obsesión por destruir a la revolución cubana.

La llamada “Carta Democrática” junto a algunos documentos estadounidenses confirman la intención de utilizar los “preceptos” de estos documentos para imponerle a la Isla los cambios en su ordenamiento interno y que los países de la región se sientan obligados a cumplir con algo adoptado previamente de forma general, en síntesis es la protocolización de la abierta politica de ingerencia de EE.UU en la región.

En relación a lo antes señalado podemos apuntar que el 17 de abril, en carta dirigida a todos los Representantes Permanentes ante la OEA, mediante la cual se anunciaban los elementos de la resolución que posteriormente presentaría Nicaragua en contra de nuestro país, el Embajador Roger Noriega expresaba: “Los elementos de la resolución propuesta incluirían: deplorar el asalto sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de ciudadanos cubanos, llamar a la inmediata liberación de todos los cubanos injustamente arrestados y detenidos y expresar nuestra solidaridad con las legítimas aspiraciones del pueblo cubano a disfrutar de los derechos reconocidos en la Carta Democrática Interamericana.” La mencionada misiva se hacía acompañar de unos puntos de conversación , uno de los cuales señalaba que los “Gobiernos regionales deben utilizar la Carta Democrática como una herramienta constructiva para preparar (las condiciones) para la inevitable transición.”

Un elemento que no debe pasar por alto es el lanzamiento durante el Gobierno de Bush padre de la llamada Iniciativa de las Américas o Empresa de las Américas, proceso que se formaliza en la Primera Cumbre Hemisférica celebrada en Miami, en diciembre 1994.

La OEA ha servido como una especie de Secretaría del denominado proceso de las Cumbres Hemisféricas.

6.-Reflexiones finales:

La OEA fue y continúa siendo un instrumento de la política de Estados Unidos hacia el conjunto del hemisferio. El Informe Santa Fe II, lo consignaba en la medida No. 10 del Acápite titulado “Renovación de la OEA” cuando señalaba: “ Nuestra agenda y la de los latinoamericanos no son necesariamente compatibles. La OEA, financiada adecuadamente y orientada en la dirección correcta, puede servir a nuestros intereses.”

Aunque la OEA no constituye un escenario que pueda calificarse de homogéneo por cuanto en la consideración de algunos temas centrales –lucha contra el narcotráfico, seguridad hemisférica e incluso, el medio ambiente- se evidencian diferencias entre los Estados Unidos por un lado, y los caribeños y latinoamericanos por otro, la agenda de la Organización hemisférica está dominada por los intereses y prioridades estadounidenses. Dichas prioridades, son instrumentadas tanto a través de su preponderancia financiera en esa entidad lo cual les permite la asignación de fondos conforme a sus intereses, como por intermedio de múltiples resortes bilaterales y multilaterales, incluyendo aquellos que les ofrecen las Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el BID.

Respecto a Cuba, exceptuando las acciones que se desarrollaron en la OEA a mediados de los 70 y la protesta registrada a raíz de la aprobación de la Ley Helms-Burton, la OEA constituyó el vehículo multilateral que al servicio de Estados Unidos, sirvió para imponer el aislamiento político diplomático, validar el bloqueo a nivel hemisférico y ofreció la plataforma idónea para las agresiones en contra de nuestro país.

No debemos olvidar que la Sección 110 de la Ley Helms-Burton confiere a la OEA un papel en la “transición democrática en Cuba”. Este rol puede verse reforzado de prosperar un proyecto de Ley que se promueve en el legislativo estadounidense, según el cual se asignarían cuantiosos recursos financieros para subvertir a la Revolución, parte de los cuales serían canalizados a través de la OEA.

Mantener la exclusión, representa un objetivo de la política de Estados Unidos por cuanto avala la política de bloqueo y hostilidad contra Cuba.


Fuente:  http://www.tribunalbenitojuarez.org/acusaciones/16.htm
contacto@tribunalbenitojuarez.org
 

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